Causas oposicion la ejecucion los alimentos

Artículo actualizado en mayo de 2022.

El artículo 560 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC), no exige el requisito formal de solicitud de celebración de vista por ninguna de las partes ni por el Ministerio Fiscal para que el juzgado pueda acordar la celebración de la misma.

Dicho precepto señala que «las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de ésta, podrán solicitar la celebración de vista, que el Tribunal acordará mediante providencia si la controversia sobre la oposición no pudiere resolverse con los documentos aportados, señalándose por el letrado de la Administración de Justicia día y hora para su celebración dentro de los diez siguientes a la conclusión del trámite de impugnación.

Si no se solicitara la vista o si el tribunal no considerase procedente su celebración, se resolverá sin más trámites la oposición conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente».

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En consecuencia, nada impedirá al juzgado la celebración de vista, encontrando ello amparo además en en el párrafo segundo del artículo 752.1 de la LEC que establece que «sin perjuicio de las pruebas que se practiquen a instancia del Ministerio Fiscal y de las demás partes, el tribunal podrá decretar de oficio cuantas estime pertinentes «.

  • Asimismo, cuando se acuerde la celebración de vista, si no compareciere a ella el ejecutado el tribunal le tendrá por desistido de la oposición y adoptará las resoluciones previstas en el artículo 442, mientras que si no compareciere el ejecutante, el tribunal resolverá sin oírle sobre la oposición a la ejecución.
  • En el caso de comparecer ambas partes, continúa el citado 560 de la LEC, «se desarrollará la vista con arreglo a lo previsto para el juicio verbal, dictándose a continuación la resolución que proceda conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente».
  • Fuente del post: Auto dictado por la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en fecha de 20 de febrero de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:537A).
  • Imagen: b0red.
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Abogado de Barcelona especializado en Derecho de Familia y Sucesiones.

Llevo escribiendo en mi blog desde desde el año 2009. Más de 2.000 artículos con la pretensión de bajar al suelo la complejidad de esta parte del derecho, para los que no están acostumbrados a navegar a diario

Oscar Cano Fuentes ha escrito 2787 artículos.

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Oposición a la reclamación de alimentos

Los efectos de la crisis económica a la hora de hacer efectivo el pago de la pensión de alimentos

La ruptura de la relación matrimonial o de pareja también se ha visto afectada por la crisis económica, pues actualmente, ha aumentado mucho el número de separaciones por mutuo acuerdo, en el que los progenitores prefieren mantener una relación pacífica y conseguir un ahorro económico en el proceso.

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Como es bien sabido, y nos los recuerda la Profesora de Derecho Civil de la UCM, Ana Isabel Berrocal, en «la reducción de la pensión de alimentos por alteración sustancial de las circunstancias«, la fijación de una pensión de alimentos a favor de los hijos menores de edad es una obligación que debe ser asumida por ambos progenitores en la cuantía determinada.

Ahora bien, estas medidas acordadas, aunque se fijen con una voluntad y vocación de permanencia, no se quedan estáticas en el tiempo.

Se pueden producir muchos factores que van a acabar alternado la cuantía de dicha pensión. Así la crisis financiera es uno de estos factores.

Lo cierto es que el actual escenario de crisis económica en que se encuentra inmersa España no solo se refleja en el ámbito contractual con un aumento de la morosidad y la insolvencia de personas físicas o jurídicas, sino también en el derecho de familia tanto en el momento inicial a la hora de adoptar las medidas ante la situación de crisis matrimonial o de ruptura de pareja como en la aplicación y desarrollo de las mismas; de ahí el incremento de las ejecuciones de impago, de solicitud de modificación de medidas, esencialmente, dirigidas a solicitar la reducción de las pensiones.

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El impago de la pensión de alimentos tras la reforma penal

Boza Rucosa Advocats, en su articulo hace un extenso análisis de las consecuencias del impago de la pensión de alimentos tras la reforma del Código Penal.

La crisis financiera de los últimos años ha conllevado un aumento de las denuncias por impago de las pensiones.

Conforme el artículo 227.1 del Código Penal, constituye delito de abandono de la familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Este precepto fija claramente:

«El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses

Por tanto, el supuesto de impago de pensión de alimentos es un hecho constitutivo de delito y existe numerosa jurisprudencia que sustenta esta tesis  y consideran este delito como un delito de omisión.

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El matiz en el que nos encontramos ahora es «el comportamiento doloso» de esta omisión.
Es decir, el sujeto debe tener pleno conocimiento de la obligación de pagar y una voluntad inequívoca de incumplir la misma. Voluntad que es inexistente en los casos de imposibilidad objetiva de afrontar la prestación debida.

De este modo, apoyado también por el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de NY, de 19 de diciembre de 1966, nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual.

Por ello, no será posible sancionar conductas al amparo de este artículo 227.1 CP, en supuestos de imposibilidad de cumplimiento de la obligación de pago.

En cualquier caso, será la acusación quien tenga la carga de la prueba para determinar la capacidad de pago que tiene el progenitor que debería pagar la pensión.

 La defensa deberá aportar todos aquellos documentos que acrediten la falta de recursos económicos para hacer frente al impago de la pensión alimenticia, y sobre todo, la voluntad inequívoca de hacer frente a esta obligación alimenticia.

Reclamación de la pensión de alimentos

De conformidad con los artículos 143 y 144 del Código Civil, están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges y los ascendientes y descendientes.

Para poder efectuar la reclamación de alimentos es imprescindible que se aporten los documentos que acrediten el título en virtud del cual se solicitan los alimentos para que no se inadmita la demanda en virtud del artículo 269.2 LEC.

Se puede consultar el formulario actualizado de: Demanda de reclamación de alimentos.

También, en virtud del artículo 564 de la LEC, cuando concurran las circunstancia modificativas de la situación personal y económica a las que nos referíamos en la parte inicial de este artículo,  es posible presentar un Escrito de oposición a la ejecución dineraria en reclamación de pensiones de alimentos.

Modificación de medidas: La suspensión de la pensión de alimentos

En aquellos supuestos en que el progenitor que debe pagar la pensión de alimentos, se encuentra en una situación de insolvencia económica y carencia de recursos económicos que le hacen imposible  atender el cumplimiento de la obligación alimenticia, surge la controversia acerca de si es posible o no suspender el pago de la pensión de alimentos hasta que la situación de éste mejore.

Causas oposicion la ejecucion los alimentosNumerosas Sentencias apoyan esta posibilidad, así, la STS nº 111/2015, de 2 de marzo establece que «la situación de insolvencia absoluta del padre permite la suspensión de su obligación de alimentar a sus hijos de acuerdo con el artículo 152.2 del Código Civil, hasta que pueda proveer a los hijos las necesidad alimenticias que requieren«.

También la Sentencia del TS nº 55/2015, del 12 de febrero establece la suspensión temporal de la obligación de pago de los alimentos a consecuencia de la precariedad del obligado; «La suspensión temporal del pago de la prestación hasta que el padre pueda volver a contar con ingresos suficientes para atender a sus propias necesidades».

Cabe concluir  que será procedente la suspensión de la pensión de alimentos siempre y cuando se pueda acreditar esta «precariedad» del obligado, y siempre de manera temporal, hasta que se pueda hacer cargo de nuevo de sus obligaciones de cuidado familiar.

Código penal Derecho Civil Derecho penal pensión de alimentos UE

Alimentos. Oposición: abuso de derecho y enriquecimiento injusto

Cabe alegar abuso de derecho y enriquecimiento injusto, incluso como motivo de oposición a la ejecución en aquellos casos en que el progenitor que reclama el pago de los alimentos, no tuvo que hacer frente a los gastos que la alimentación del menor conlleva. Audiencia Provincial de Alicante, Sec. 9ª, de 4 de noviembre de 2019.

Instada ejecución de sentencia con el fin de reclamar al progenitor no custodio el pago de la pensión alimenticia establecida a favor de la hija menor de edad, formula el demandado oposición a la ejecución alegando que, siendo cierto que durante unos meses no pagó la pensión, no debe pagarlas por cuanto la hija común permaneció ingresada en un centro de menores durante seis meses, por lo que ningún gasto hizo la ejecutante. El Juzgado estimó parcialmente la oposición y de la cantidad reclamada descontó la parte correspondiente a aquellos meses en que la menor no estuvo al cuidado de la madre.

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Causas oposicion la ejecucion los alimentos

Apelada esa decisión por la parte ejecutante, la Sala desestima el recurso y confirma la decisión del tribunal de instancia por las siguientes razones:

En primer lugar, por la muy extendida doctrina en la denominada jurisprudencia menor de permitir en ejecución de este tipo resoluciones judiciales la posibilidad de alegar el abuso de derecho y consecuente enriquecimiento injusto.

No es permitido a las partes plantear reclamaciones que pueda entrar de lleno en el abuso del derecho o en el enriquecimiento injusto, al pretender el cobro de una deuda por alimentos, incluso en periodos en los que no es procedente tal reclamación, como puede ocurrir cuando no ha habido convivencia entre la madre que tenía la custodia y el menor a cuyo favor se estableció la pensión por alimentos, al haberse interrumpido esa convivencia en algún momento, por iniciar los menores la convivencia con terceros, que han suplido la obligación de sustento, deber que correspondía al progenitor custodio, o por haber convivido durante un tiempo con el progenitor obligado a la prestación, o en aquellos otros periodos en los que alguno de los hijos ha estado trabajando, o cobrando prestación por desempleo, o subsidio, en una cuantía superior al importe reconocido en concepto de pensión de alimentos.

La Sala admite que en fase de ejecución de sentencia no puede declararse extinguida la pensión alimenticia establecida a favor de los hijos, sino que habrá de acudirse a un procedimiento de modificación de medidas, toda vez que en dicha fase de ejecución no cabe hacer un pronunciamiento declarativo, sino tan solo llevar a efecto lo previamente acordado; pero no es menos cierto que aunque en fase de ejecución de sentencia no cabe plantear la extinción de la obligación alimenticia, si cabe plantear su no exigibilidad cuando concurren circunstancias que permiten apreciar la existencia de un abuso de derecho, contrario a lo dispuesto en el art. 7.2 del CC, o de un enriquecimiento injusto en el reclamante en el supuesto de admitir su pretensión sobre aquello periodos en los que los hijos no reúnen las condiciones establecidas en el art. 93 CC (no convivencia en el domicilio familiar o independencia económica), considerándose que las mismas pueden tener cabida en la causa de oposición comprendida en el art. 556.1 de LEC., es decir, en el cumplimiento de lo establecido en la sentencia que impuso la obligación. Añade que no puede prescindirse de la proscripción del abuso del derecho (art. 7-2CC) y la circunstancia de no figurar esta causa de oposición a la ejecución entre las previstas en el art. 556 LEC, no constituye obstáculo alguno para tal decisión, toda vez que con carácter general el art. 11-2 LOPJ establece que “los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal”.

Impago de Alimentos: Ejecución y Causas de Oposición

Uno de los incumplimientos más habituales en materia de familia es el impago de la pensión de alimentos. Aunque estas conductas podrían llegar a constituir un delito de abandono de familia tipificado ex artículo 227 CP, lo más habitual es que se interponga un procedimiento civil de ejecución dineraria.

Estructura del Procedimiento de Ejecución por Impago de Alimentos

A grandes rasgos la estructura o esquema procesal del procedimiento de ejecución por impago de alimentos que no es especialmente compleja.

Una vez interpuesta la demanda ejecutiva, en la que se relacionan las cantidades adeudadas, más los intereses y costas, se incoa el procedimiento y se dicta auto que despacha la ejecución.

Este auto de despacho de ejecución es firme y contra el mismo no cabe recurso alguno sin perjuicio de que el deudor ejecutado pueda oponerse a la ejecución despachada dentro de los diez días siguientes a que se lo notifiquen.

Si no se opone en el plazo indicado concluye el procedimiento a expensas del cobro de las cantidades adeudadas. En caso de oposición se da traslado de su escrito de oposición a la parte ejecutante para que pueda impugnar la oposición a la oposición a la ejecución.

Importante, hay que tener en cuenta que la oposición no suspenderá el curso de la ejecución.

Tanto el ejecutado en su oposición como el ejecutante en su impugnación podrán interesar la celebración de vista y la misma también podrá ser acordada de oficio por el juzgador si entendiera que resulta pertinente para la resolución del asunto.

Esta vista, en su caso, se celebrará con la estructura y particularidades del juicio verbal. Tanto si hay vista como si no, el juez resuelve lo que proceda mediante auto y con eso concluye la primera instancia.

¿Cuáles son las causas de oposición a la ejecución de alimentos?

Las causas de oposición a la ejecución aparecen recogidas en el artículo 556 LEC y todo lo que sea salirse de dichos motivos muy posiblemente termine por hacer decaer la oposición a la ejecución.

Dicho esto, ¿qué puede alegar el deudor de los alimentos para oponerse a la ejecución?

  • Pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia.
  • Caducidad de la acción ejecutiva, que es de 5 años.
  • Pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución, siempre que los mismos consten en documento público.
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Los motivos de oposición a la ejecución de la pensión de alimentos del artículo 556 LEC son numerus clausus. Así, en principio no pueden ser alegados otros distintos a los enumerados en el citado precepto legal. No obstante, como suele suceder con toda regla, encontramos algunas excepciones cuando se produce abuso de derecho.

¿Qué otros motivos de oposición a la ejecución pueden alegarse?

Aunque el abuso de derecho no figura expresamente como causa de oposición tasada en el artículo 556 LEC, sí que dicho motivo suele ser acogido por los Tribunales cuando se alega justificadamente por la parte ejecutada.

Hay que tener en cuenta que el instituto del abuso de derecho del artículo 7.

2 CC, que dispone que «La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo», es aplicable a todos los ámbitos del derecho y a todas las acciones que se ejerciten ante los Tribunales. En tal sentido encontramos también el artículo 11.

2 LOPJ que establece que “Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal”.

Motivos de oposición en caso de reclamación de pensión de alimentos impagada

Generalmente, cuando no se cumple con lo fijado en una Sentencia Judicial, procede la ejecución de la misma por medio de demanda con abogado y procurador para asegurar dicho cumplimiento.

Sin embargo, en ciertos casos de reclamación de una pensión de alimentos impagada,  el progenitor obligado a ello puede ejercitar su oposición a la demanda de reclamación de pensión de alimentos

¿En que casos puede existir oposición a una reclamación de una pensión de alimentos impagada?

Primero. – Abono o pago de la cantidad reclamada:

Como puede resultar lógico, si a un progenitor le están reclamando una cantidad que efectivamente ya ha sido abonada con anterioridad a la interposición de la reclamación, puede oponerse alegando el pago de la misma, aportando documentación acreditativa.

Eso mismo podrá ser aplicable en el caso de que la cantidad reclamada se abone con posterioridad a recibir la demanda ejecutiva.

Segundo. – Pluspetición:

Dicho con otras palabras, que se reclame más cantidad de la que realmente se debe o que se hayan incluido conceptos que no debieron de incluirse (ciertos gastos extraordinarios). En ese caso, se deberá de acreditar documentalmente el pago de la cantidad reclamada en exceso o la improcedencia de ciertos conceptos ejecutados

Tercero. – Caducidad de la acción para reclamar la pensión:

Es importante conocer que únicamente se pueden reclamar cantidades relativas a la pensión de alimentos (cantidad de la pensión, gastos extraordinarios, actualización de la pensión conforme a IPC) hasta 5 años para atrás.

Cantidades que pertenezcan a periodos superiores no podrán ser objeto de ejecución.

Cuarto. –  Acuerdos o pactos entre los progenitores:

  • En ocasiones se dan situaciones que, en la práctica, ambos padres voluntariamente no lleven a cabo lo reflejado en convenio regulador o sentencia judicial, como las siguientes:
  • -Que, pese a que uno de los progenitores tenga atribuida la guarda y custodia del menor, en la práctica, acuerden que éste pase con los dos el mismo tiempo como si se tratara de una custodia compartida.
  • -Que por mejora de fortuna del progenitor que recibe la pensión de alimentos, se exima voluntariamente al otro de la obligación de abonar la misma.
  • -Que, en la práctica, por acuerdo entre las partes, el menor haya pasado de convivir con el progenitor que tenía atribuida la guarda y custodia del mismo, a convivir con el progenitor obligado al pago de la pensión.
  • En estos casos y en otros más, las partes tienden en la práctica a variar lo fijado en la Sentencia judicial por medio de un acuerdo entre los mismos, de manera que puede dar lugar a que no proceda la reclamación de dicha pensión por medio de ejecución.
  • Sin embargo, existe un requisito imprescindible para que ello sea así: que dicho acuerdo, pacto o transacción sea recogido por medio de documento notarial o escritura pública.

Es decir, pese a libertad de pacto entre las partes, no es suficiente un acuerdo verbal o un documento privado firmado, sino que es necesario e imprescindible la intervención de Notario. En caso contrario, la ejecución de dicha pensión de alimentos por parte del progenitor que debe recibirla puede llevarse a cabo, si así lo deseara.

Excepciones al acuerdo por documento público

No obstante, la jurisprudencia por parte de Juzgados y Tribunales, de tiempo a esta parte viene admitiendo en ocasiones otras formas de acreditar dichas situaciones a pesar de que el acuerdo no se haya recogido notarialmente. Una de ellas es la exploración (declaración) del hijo menor cuando esté tenga 14 años o más, para que acredite personalmente el cambio de situación.

  1. Con ello se pretende evitar el enriquecimiento injusto que puede suponer que el progenitor que debe recibir la pensión reclame su incumplimiento o impago a pesar de que en la práctica ha habido un cambio a la hora de ejercitar esa guarda y custodia.
  2. Dicho lo anterior, se aconseja con carácter primordial que ante un cambio por los progenitores en el ejercicio la guarda y custodia o ante una modificación de las circunstancias, se proceda por el progenitor obligado al pago a fijar dicha variación judicialmente mediante la correspondiente interposición de demanda de modificación de medidas, a fin de evitar posteriores ejecuciones.